Gustavo Gutiérrez Ticse Respalda el Control Difuso ante Críticas del Congreso
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, defendió la figura del control difuso, tras la reciente decisión del Poder Judicial de no aplicar la Ley de Amnistía a favor de ocho exmiembros del Ejército investigados por presuntos abusos cometidos en 1990 contra 15 comuneros de Apurímac y Cusco. Esta postura se enmarca en el debate sobre el papel del Poder Judicial frente a las decisiones legislativas, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos humanos.
En una entrevista reciente, Gutiérrez Ticse detalló que el control difuso es una herramienta jurídica regulada por el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, que otorga a los jueces la facultad de inaplicar una norma cuando consideran que su aplicación es arbitraria o inconstitucional. Esta figura tiene como fin garantizar que las leyes sean aplicadas de acuerdo con los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Qué es el Control Difuso?
El control difuso permite que los jueces actúen de manera autónoma al evaluar la constitucionalidad de las leyes en casos concretos. Si un juez considera que una norma es incompatible con la Constitución, puede inaplicarla en ese caso específico, sin necesidad de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma de forma general.
Este mecanismo de control judicial permite que el sistema de justicia sea más accesible y garantista, ya que los ciudadanos pueden obtener justicia a través de los tribunales ordinarios sin tener que esperar a que un caso llegue hasta el Tribunal Constitucional. Además, fomenta el respeto por los derechos fundamentales al dar a los jueces la responsabilidad de velar por ellos en cada caso que se presenta.
La Ley de Amnistía y el Caso en Cuestión
El reciente rechazo judicial a la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de los exmilitares se produjo en un contexto particular: ocho exmiembros del Ejército están siendo investigados por presuntos abusos cometidos en 1990 durante el conflicto armado interno, los cuales afectaron a 15 comuneros de Apurímac y Cusco. La Ley de Amnistía, promulgada en los años 90, exoneraba de responsabilidad a ciertos miembros del Ejército involucrados en violaciones de derechos humanos. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada a lo largo de los años, dado que contraviene principios constitucionales fundamentales, como el derecho a la justicia de las víctimas.
En este contexto, el Poder Judicial utilizó el control difuso para inaplicar la Ley de Amnistía, argumentando que su aplicación no solo era injusta, sino que también violaba derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. La decisión fue tomada en virtud del principio de justicia internacional y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, como lo establece la Constitución y los tratados internacionales.
Respuestas y Críticas del Congreso
La decisión judicial provocó una serie de críticas desde el Congreso de la República, donde algunos legisladores acusaron al Poder Judicial de «prevaricato», acusando a los jueces de actuar de manera arbitraria al inaplicar una ley vigente. El prevaricato se refiere a cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley de manera consciente y deliberada.
Sin embargo, el magistrado Gutiérrez Ticse respondió categóricamente a estas acusaciones, aclarando que el control difuso no puede considerarse un acto de prevaricato. «El control difuso no es prevaricato», indicó Gutiérrez Ticse. «Es una facultad que tiene el juez para inaplicar una ley cuando considera que su aplicación sería contraria a la Constitución«. De esta manera, subrayó que el control difuso es una herramienta legal reconocida tanto por la Constitución como por el Código Procesal Constitucional.
El Rol del Tribunal Constitucional y la Protección de los Derechos Humanos
El Tribunal Constitucional tiene un papel fundamental en la defensa de la Constitución y en la protección de los derechos humanos en Perú. Si bien el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de dictaminar sobre la inconstitucionalidad de las leyes, el control difuso permite que los jueces ordinarios también puedan velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos en los casos específicos que se presentan ante ellos.
Este sistema de control judicial tiene como objetivo garantizar que las leyes no se apliquen de manera injusta, favoreciendo la protección de los derechos humanos de todas las personas. Además, fortalece la independencia judicial, al dar a los jueces la responsabilidad de evaluar la constitucionalidad de las normas y aplicarlas conforme a los principios establecidos en la Carta Magna.